Posteado por: ALIAR | junio 30, 2011

Ley Nacional de Control de Tabaco: una medida para proteger a toda la población

La sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco N° 26.687 es una medida de salud pública cuyo objetivo es garantizar el derecho a la salud de toda la población. En este sentido, la Presidenta de la Nación en el acto público de promulgación de la norma declaró que “esta ley es un pasito adelante que nos coloca en un país más saludable, en un país mejor”.

La sanción de la ley de control de tabaco ha suscitado en algunos casos la pregunta acerca de cuál es la legislación que debe aplicarse cuando las provincias o los municipios ya cuentan con normas que regulan la exposición a humo de tabaco o si debe aplicarse la norma en las jurisdicciones que no cuentan con una legislación de este tipo. Para aclarar este punto, es preciso indicar que existen casos en los que la Constitución Nacional no prevé la delegación de facultades del Gobierno Nacional a las provincias entendiéndose que, en ciertas materias, tanto la Nación como las provincias se encuentran facultadas para legislar, es decir que se trata de competencias concurrentes. Esto es lo que ocurre en materia de seguridad, higiene y salubridad, entre otras. Las normas de protección de la salud y, por lo tanto, la Ley Nacional de Control de Tabaco, se hallan en este rango.

De acuerdo a un principio básico en derecho las normas de mayor jerarquía deben aplicarse por sobre las de menor estatus, es decir que, en principio, ante una incompatibilidad, debería prevalecer la norma nacional por sobre una provincial o una provincial por sobre una municipal. Sin embargo, el escenario cambia en el caso de las normas que protegen un derecho humano, como es el caso de las normas de control de tabaco cuyo objetivo proteger el derecho a la salud. En estos casos, de acuerdo a lo establecido por numerosos tratados internacionales que prohíben la regresividad de los derechos o que una norma posterior pueda desconocer o violar un derecho ya reconocido, lo más apropiado es aplicar la norma que establece las medidas más protectoras, garantizando un disfrute mayor de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siguiendo este criterio, se entiende que la Ley Nacional de Control de Tabaco N° 26.687 establece un piso normativo de protección contra la exposición al humo de tabaco y que, en virtud de estos principios, todas las provincias y municipios que al momento de la entrada en vigor de esta ley nacional no contaban con legislación de ambientes 100% libres de humo o contaban con legislación de restricción parcial deben, de ahora en más, aplicar la Ley Nacional de Control de Tabaco. En el caso de las provincias y municipios que ya contaban con legislación de ambientes 100% libres de humo, primará la norma más protectora del derecho a la salud, sea la nacional, la provincial o la municipal.


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